El Dr. Raúl
Andreoli y los pacientes en dialisis, encabezados por Miguel Cuadrado, presentaron un recurso extraordinario ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de
San Martin, quien, si bien resolvió confirmar la sentencia de grado, dispuso que a tal efecto no se procederá al archivo del
proceso, sino que se remitan las actuaciones al Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Trenque Lauquen para que entienda en la presente causa y que
el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires solvente los costos del
tratamiento de diálisis de los actores que no cuenten con recursos u obra
social que los cubra en instituciones de salud
Ante ello
dialogamos con el Dr. Andreoli quien en una breve entrevista nos manifestó:
¿El municipio de Carlos Casares se
encuentra en riesgo de ser condenado por un caso de discriminación?
Lo
importante es que los casarenses nos encontramos en riesgo de ingresar al
Hospital Municipal con una falla renal y no ser atendidos, y que los pacientes
en diálisis son un grupo especialmente vulnerable de vecinos discapacitados
postergados que se encuentran en riesgo; en riesgo de no poder viajar a cada
sesión, en riesgo de abandonar el tratamiento debido al estrés y a la ausencia
del Estado; en riesgo de no ser atendidos en otros hospitales por “falta de
cama” y en riesgo de accidentarse en las rutas.
Ya son seis
los ciudadanos con falla renal que fallecen en el plazo de un año sin atención
nefrológica en nuestra ciudad. Es lamentable que el Intendente Torchio no
cumpla con la ley e instale en centro de diálisis. También es penoso que someta al Municipio de
Casares a una condena ante la Corte Provincial,
no buscamos eso pero de todos los riesgos latentes ese sería el menos
significativo.
¿Quiénes son los demandantes y cómo se
llegó a la corte?
La demanda
fue firmada por Mauricio Palleros, Ludmila Vivono, Ignacio Torres, Manuel
Vicente, Gabriel Gabrieli y por Miguel Cuadrado (en representación de todos los
enfermos renales); en mi caso actúo en representación de todos los ciudadanos
con derecho a la salud como derecho difuso de incidencia colectiva, y así se ha
inscripto en el registro especial de la SCJBA de amparos colectivos.
El Juzgado
de Ejecución de Trenque Lauquen rechazó la demanda con argumentos muy pobres a
jurídicos y tendenciosos, hasta argumentó que el Municipio no estaba enterado
del reclamo antes de la demanda. Apelamos y la Cámara en lo Contencioso
Administrativo de San Martin, si bien resolvió confirmar la sentencia de grado
en cuanto desestimó el amparo; dispuso que a tal efecto no se procederá al
archivo del proceso, sino que se remitan las actuaciones al Juzgado en lo
Contencioso Administrativo de Trenque Lauquen para que entienda en la presente
causa y disponga con carácter precautelar que el Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires solvente los costos del tratamiento de diálisis de
los actores que no cuenten con recursos u obra social que los cubra en
instituciones de salud privada y que el Juez de grado evalúe la necesidad de
disponer de una máquina de hemodiálisis para tratamiento de diálisis aguda.
Convencidos
de que nuestra acción reúne los requisitos del amparo por la entidad de los
derechos en juego y la manifiesta arbitrariedad del Municipio en no avanzar con
la obra pasado un año, articulamos
recursos de inaplicabilidad de ley y de nulidad, los que fueron denegados por
la misma Cámara de Apelaciones.
Por cuanto
concurrimos en Queja por Recursos Extraordinario denegado ante la Suprema Corte
provincial, los cuales recientemente fueron concedidos.
¿Es una pulseada contra el poder político?
Tal vez, sin
embargo confiamos ciegamente en la independencia de nuestra Suprema Corte y en
la idoneidad, imparcialidad y calidad de sus integrantes.
¿Cuáles son los pasos a seguir en la causa?
En el día de
ayer (jueves) enviamos a La Plata el depósito que la ley establece para acceder
a la SCBA; otro gasto innecesario que los pacientes se hubiesen evitado en caso
de cumplirse con lo prometido y sancionado por el Honorable Concejo
Deliberante, en caso de iniciarse la construcción de Centro de Diálisis como lo
requiere la sociedad toda.
Haremos la
presentaciones necesarias y de no prestarse los servicios médicos en casares, y
de no encontrarnos satisfechos con la resolución que dicte la SCJBA, acudiremos
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Organismos Internacionales de
Derechos Humanos, buscando efectiva tutela a nuestros derechos.
¿La oposición se sumó al reclamo?
En buena
hora el concejal Perello nos convocó para informarlos sobre la problemática y
el estado de la causa judicial. Solicitó pedido de informes sobre la demora en
implementar los servicios, informe que fue rechazado por el oficialismo.
Lamentable actitud.
La política
es necesaria para consagrar los derechos, pero la misma Constitución
Nacional, cuando se trata de derechos
fundamentales conculcados, como la salud y la vida, ordena intervenir a la
justicia. Y ese es el camino que hemos emprendido.
¿Qué
es un amparo colectivo por exigibilidad de los derechos sociales?
Los derechos
sociales o derechos de tercera generación, como el derecho a una vivienda
digna, el derecho a tratamientos médicos o a determinadas acciones positivas
del Estado son derechos de difícil reconocimiento por parte de los jueces, pues
implican adoptar un temperamento político al condenar al otro poder del Estado
a hacer una obra o a comprar una máquina. Por eso se dice que “vulneran la
división de poderes”. Sin embargo, cuando hay graves derechos afectados (como
la salud y la vida) esa injerencia está permitida y constituye una nueva
práctica judicial, la de los derechos sociales como derechos exigibles, que se viene acentuando lenta pero
progresivamente en nuestro país. El amparo colectivo es el medio procesal
apropiado por lo rápido de su trámite y así lo ha confirmado la Corte Nacional.
Agradezco especialmente a todos los pacientes renales
por su apoyo, a Mauri, Adrian, Celestina, Ludmila, a Ignacio Torres, por su constante trabajo,
por su constante lucha y por tener la capacidad de ponerse en el lugar del
otro.
